Es un modelo de gestión delegada por el cual el Gobierno Central o los Gobiernos Autónomos Descentralizados -GADs-, encomiendan a una empresa privada la ejecución de un proyecto público específico y su financiamiento total o parcial, para la provisión de bienes, obras o servicios, a cambio de una contraprestación por su inversión, riesgo y trabajo.

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